LABORAL

La CGT pide la nulidad del fallo que reactivó la reforma laboral, recusa a los jueces y denuncia un “premio” a Pesino

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La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que solicitó la nulidad del fallo que habilitó la reactivación de la reforma laboral, recusó con causa a los integrantes de la Sala VIII y, en subsidio, interpuso un recurso de revocatoria.

El planteo apunta contra la decisión del 23 de abril que otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado Nacional, lo que dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado la aplicación de diversos artículos de la reforma.

Recusación y foco en el caso Pesino

Uno de los ejes centrales del escrito, que lleva la firmas del abogado de la central, Pablo Topet, es la recusación del juez Víctor Arturo Pesino, a quien la CGT señala por presunta falta de imparcialidad en el marco del proceso.

El magistrado había solicitado continuar en su cargo tras cumplir los 75 años y, casi en simultáneo con el fallo, el Poder Ejecutivo impulsó el trámite para habilitar esa prórroga. Para la central sindical, esto configura un escenario en el que el juez podía ser beneficiado por el Estado, mientras que el Estado resultó favorecido por la resolución judicial.

La CGT señala que el Gobierno avanzó con el pedido para extender el mandato de Pesino menos de 24 horas después de que el magistrado interviniera en una decisión favorable a la reforma laboral.

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Pablo Topet, abogado de la CGT

En el escrito, se destaca que la publicación en el Boletín Oficial del 24 de abril evidencia tanto la solicitud del juez como la voluntad del Ejecutivo de darle curso, lo que —según sostienen— constituye un “beneficio de importancia” que compromete la imparcialidad.

Prejuzgamiento y duras críticas al fallo

La recusación también alcanza a la jueza María Dora González y se funda en que ambos magistrados habrían incurrido en prejuzgamiento al adelantar criterio sobre el fondo del asunto.

En ese punto, el escrito es particularmente crítico y sostiene que la resolución presenta una “orfandad de fundamentos” que “desde ya la invalidaría como sentencia”, además de denunciar “evidentes y manifiestos yerros (…) que violentan gravemente la verdad jurídica objetiva”.

La CGT cuestiona que la Sala VIII haya considerado, de manera preliminar, que no se configuran supuestos de vulnerabilidad ni derechos de naturaleza alimentaria, lo que —según el planteo— implica desconocer principios básicos del derecho laboral y contradecir incluso precedentes del propio tribunal.

Nulidad por falta de competencia

El núcleo del escrito es el pedido de nulidad absoluta de la resolución, basado en la supuesta falta de competencia de la Sala VIII.

La CGT argumenta que la causa debía ser tratada por la Sala I, que ya había prevenido en expedientes conexos, y que la intervención de la Sala VIII se produjo sin respetar las reglas procesales ni permitir la intervención de la parte actora.

Además, señala que no se corrió traslado de la queja presentada por el Estado, lo que habría vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso.

Escalada judicial

En subsidio, la central obrera interpuso un recurso de reposición para revertir la decisión y restituir la vigencia de la cautelar que frenaba la reforma laboral.

También dejó planteado el caso federal, con la intención de recurrir a la Corte Suprema y a organismos internacionales, al considerar que están en juego derechos constitucionales vinculados al trabajo, la libertad sindical y el debido proceso.

Con esta presentación, la CGT busca no solo anular el fallo que reactivó la reforma laboral, sino también apartar a los jueces intervinientes y cuestionar la legitimidad del proceso judicial, en un conflicto que suma un nuevo capítulo de alta tensión.

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